• Un informe de la organización CartoCrítica advierte sobre graves afectaciones a la salud humana, pérdidas agropecuarias y contaminación de fuentes de agua tras 140 días de quema ininterrumpida de gas.
Un pozo petrolero operado por Petróleos Mexicanos (PEMEX) en el estado de Veracruz acumula ya 140 días ardiendo fuera de control, desatando una severa contingencia ecológica y de salud pública en la región.
De acuerdo con un reciente informe elaborado por la organización CartoCrítica, la conflagración ha quemado aproximadamente 252 millones de metros cúbicos de gas natural y ha devastado más de 270 hectáreas de terreno, dejando un impacto directo en al menos 29 comunidades rurales.
La gravedad del siniestro ha sido corroborada mediante monitoreo satelital, el cual reveló concentraciones elevadas de dióxido de nitrógeno (NO₂), un gas directamente vinculado a la combustión de hidrocarburos. La detección de este compuesto advierte sobre la dispersión en el aire de otros contaminantes de alta peligrosidad, entre los que destacan partículas finas y compuestos orgánicos volátiles altamente tóxicos como el benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos.
Esta exposición prolongada ha golpeado con fuerza a las familias de la sierra de Las Choapas —en localidades como Las Cruces, Guadalupe, El Remolino, El Nacimiento y los ejidos Constitución e Ignacio López Rayón, entre otras—. Los pobladores, incluyendo a niñas, niños y adultos mayores, sufren síntomas constantes en su salud, tales como enfermedades respiratorias, dolores de cabeza recurrentes, náuseas e irritación ocular.
A la crisis sanitaria se suma una alarmante pérdida patrimonial y ecológica. En las zonas afectadas se reporta la muerte de ganado y animales de traspatio, además del deterioro de milpas, pastizales y cultivos frutales. Asimismo, fuentes de agua indispensables para la vida cotidiana, como el arroyo Armadillo —que atraviesa doce localidades—, han resultado contaminadas. Ante la falta de mediciones transparentes e independientes por parte de las autoridades sobre los niveles reales de toxinas liberadas, organizaciones y habitantes locales exigen que la industria fósil asuma la responsabilidad financiera y ambiental por los daños causados.
